Tras siete años de dura pugna con la Justicia, la cantante Ana Torroja decidió el pasado mes de mayo dar su brazo a torcer para no acabar en la cárcel a consecuencia de tres delitos fiscales. La madrileña admitió que no pagó 796.410 euros en concepto de cuotas de IRPF en los años 2003, 2006 y 2007 tras haber sido acusada por el fiscal anticorrupción Juan Carrau. Así, Torroja llegó a un pacto económico penal con la jueza en el que se comprometía a regularizar sus tres ejercicios fiscales.
Con anterioridad había depositado más de 700.000 euros en las arcas del Estado correspondientes a las tres cuotas defraudadas y en concepto de responsabilidad civil, así como por las costas procesales (30.000 euros). Una cifra a la que hubo de sumar la cantidad anteriormente mencionada, por lo que la artista tuvo que abonar más de 1,4 millones de euros para conseguir evitar la condena solicitada inicialmente por el fiscal, de tres años y tres meses de cárcel. Además, Torroja ofreció su chalé como garantía de los pagos.
En su sentencia la jueza tuvo en cuenta los atenuantes de reparación del daño y de la confesión de la acusada. Sin embargo, junto al abono de esta elevada cantidad económica la ex componente de Mecano también ha sido inhabilitada para solicitar subvenciones o beneficios fiscales durante cuatro años y medio, así como para contratar con la Administración durante un año y medio.
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